La Diputada Graciela Camaño preside la Comisión de Asuntos Constitucionales, una de las que debatió cambios en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual propuesta por el gobierno. La titular del PJ de San Martín presentó un despacho de minoría disconforme con el tratamiento que se le dio al texto original. En el recinto, la legisladora argumentó su voto negativo y dijo que se pone en riesgo la Seguridad Jurídica al proponerse la ruptura de contratos y licencias de medios de comunicación.
La Noticia Web reproduce de manera integra la argumentación de Graciela Camaño en la Cámara de Diputados:
“No, señor presidente, no concederé interrupciones porque lo que está pasando en este recinto es lamentable. Estoy tentada de presentar una cuestión de privilegio en contra de todos los que plantearon cuestiones de privilegio, incluyendo al querido amigo Recalde.
Se habla de la vulneración del reglamento y creo que se lo ha manipulado. Jamás había asistido a sesión alguna en la que se hiciera lo que se acaba de perpetrar. Lamentablemente esto –lo digo a los amigos de la oposición justifica algunos apuros y el tratamiento a los cachetazos. Esta es la famosa teoría del amigo-enemigo, o vamos rápido o no vamos, y la verdad es que quienes hemos estado trabajando en este grupo que ha presentado el primer dictamen de minoría…
Al respecto dejo constancia que tenía derecho a hablar después de que expuso el miembro informante de la mayoría porque nuestro dictamen fue el primero que presentó la minoría, derecho que me fue denegado por medio de la argucia de plantear cuestiones de privilegio.
En medio del tratamiento de un proyecto de ley tan complicado, en el que están involucrados tantos intereses económicos y políticos, y en medio de la pretensión de un cambio rotundo de las reglas de juego, surgen quejas por la falta de tiempo y la imposibilidad de leer. Algunos pudimos leer; otros, muchos, muchos más de lo que la democracia tolera, probablemente no habrán podido leer, y esto es lo grave, mis queridos amigos del oficialismo. Se pueden hacer las cosas y se pueden hacer bien.
Entiendo el temor porque se vuelva a dilatar la discusión, pero creo que eso no nos puede hacer caer en la impericia de pretender que los legisladores propios y ajenos puedan tener acceso a la lectura y la comprensión de 157 artículos de una norma que cambia radicalmente el sistema de comunicaciones en la República Argentina. Lo da vuelta como una media, señor presidente, y por eso es legítimo el reclamo de tiempo.
Realizaré algunas consideraciones previo a plantear cuáles son las cuestiones de fondo que no nos han permitido acompañar el dictamen de mayoría y nos motivaron a presentar un dictamen de minoría.
Durante todo este tiempo en el discurso oficial se habló –lo acaba de decir el legislador preopinante de la necesidad de cambiar esta ley y de la mora legislativa. Lamento informarles, queridos compañeros, que la mora legislativa es escandalosa. Quienes vamos a votar este proyecto de ley y quienes lo propusieron fuimos electos por una ley de la dictadura que se llama Código Electoral.
Las personas jurídicas que intervienen en la ley también se van a regir por una ley de la dictadura: Lanusse, ley de sociedades.
En el proyecto se le abre el juego a las cooperativas, las mutuales y las fundaciones, ley de la dictadura.
Seguramente las cooperativas, las mutuales y hasta los privados vayan a ir a pedir algún tipo de préstamo, ley de entidades financieras, ley de la dictadura.
No descarto que por ahí alguno haga valer la ley de marcas y designaciones, ley de la dictadura.
Probablemente alguien vaya a presentar algún recurso administrativo; va a utilizar la ley de procedimientos administrativos, ley de la dictadura.
Quizás alguien quiera traer del exterior un mobiliario o algo de alta tecnología, Código Aduanero –viejo conocido, ley de la dictadura.
O sea que el argumento de que estamos borrando una aberrante ley de la dictadura es un argumento flojito de papeles.
Hubiera sido muy importante darnos el debate. Aquí se habló de la legitimidad de los representantes del Parlamento. Yo acuerdo con mi amigo Baladrón en cuanto a que estamos perfectamente legitimados para discutir, votar, aprobar o rechazar un proyecto de ley. Es más: leyes importantísimas se han votado con parlamentos en similares circunstancias. Sin ir muy lejos, la ley que puso en proceso de privatización a 64 empresas en este país. Se votó con un presidente elegido, con un Parlamento elegido, y con una vieja composición. O sea que la legitimación es harto evidente.
Ahora bien, la legitimación no es un momento o una circunstancia en nuestras vidas como representantes del pueblo. La legitimación es un ejercicio constante de nuestras conductas que tenemos que realizar día a día, momento a momento en cada una de nuestras actitudes.
La legitimación también quiere decir respetarnos en nuestro reglamento, que es el ámbito que nos posibilita –como norma que nos hemos dado que podamos discutir en igualdad de condiciones.
Por eso, desde que ingresó este proyecto de ley, entre los intereses y la vulneración de nuestras propias identidades, seguimos discutiendo los modos, las formas, y no vamos a la cuestión de fondo. No vamos a ver de qué manera podemos hacer que esta norma sea la norma que pretendemos todos, al menos en los discursos.
Cuando escuché hablar al señor miembro informante del dictamen de mayoría, estuve tentada de decir que estaba absolutamente de acuerdo.
Cuando días pasados escuché al licenciado Mariotto, le dije que estaba de acuerdo. Pero una cosa es el discurso público de este proyecto de ley y otra lo que su redacción indica en cada uno de sus artículos. Ese es el problema que tiene esta iniciativa: no estamos generándonos el ámbito para discutir lo que la norma dice, que va a ser lo que regirá el destino de todos los argentinos, con una enorme confusión. Será una ley confusa.
En algún momento me pregunté de qué manera funcionó el “cortar y pegar” en este proyecto de ley. No tiene una sola factura. Como bien dice el señor jefe de Gabinete de Ministros, “no tiene buena factura” la ley.
Ayer una señora legisladora inocentemente dijo algo que para mí marca la gravedad de la concepción del proyecto. La señora legisladora dijo que cuando ella sea presidente le gustaría tener esta ley.
Yo no quiero una ley para un presidente; no quiero una ley ni para esta presidenta ni para la que quiere serlo ni para los siguientes presidentes. Quiero una ley que tengamos la posibilidad de formular en términos de control y de interacción de los poderes del Estado y también en términos de federalismo real y concreto, donde nuestras provincias no conculquen las posibilidades de actuar activamente en el tema de la comunicación. Que no le sirva a un presidente.
Habiendo sido víctima muchas veces de consideraciones que yo creía injustas digo: ¡bienvenida la crítica!, porque a mí personalmente me hace ser más buena y más proba. Bienvenida la crítica. La ley no le tiene que servir a un presidente sino al pueblo de la Nación, y nosotros somos la garantía de que esto se cumpla; deberíamos ser la garantía de que esto ocurriera.
Desde nuestro humilde dictamen proponemos, en principio, una autoridad de aplicación en la que se configure realmente el federalismo y en el que se respeten las instituciones.
Estoy de acuerdo con ustedes en cuanto a que valoro mucho la participación de la sociedad, pero ¿saben una cosa? La participación de las sociedades se da a través de las instituciones, y si nosotros no tenemos la capacidad de que la sociedad participe a través de estas instituciones que crea la carta o pacto más importante que nos damos los argentinos, que es la propia Constitución, no seamos ingenuos: esa representatividad no va a venir por ejercicio espontáneo de una sociedad a la que todavía le falta muchísimo para organizarse.
De estos ámbitos de la institucionalidad es de donde deben partir las directrices eficaces para que haya control y gestión, y debemos ser nosotros los garantes de esta situación.
En nuestro proyecto incorporamos cuatro representantes del Senado porque queremos una ley federal. Y el Senado es el ámbito del federalismo de esta Nación.
En nuestro proyecto decimos que debe haber dos representantes del pueblo de la Nación expresados en este Congreso, porque es aquí donde se manifiesta el pueblo de la Nación, sin menoscabo hacia ninguna otra forma de participación popular.
En nuestro proyecto decimos que el Poder Ejecutivo nacional de turno tendrá un representante, el cual ejercerá la presidencia.
En nuestro proyecto modificamos sustancialmente la participación real de la comisión bicameral porque creemos que el proyecto del oficialismo, que le da una serie de funciones muy interesantes, no otorga aquellas que son vitales para asegurar que sea el Congreso de la Nación el que garantice la pluralidad y la democracia. Por eso otorgamos a la comisión bicameral un término de sesenta días para expedirse en torno a la aprobación de pliegos, a la designación de jurados en los concursos, a la adjudicación y a la prórroga, a los cursos de acción que se deben promover para la competencia, a las modificaciones que se realicen ante los avances tecnológicos y a la remoción de los miembros de la autoridad de aplicación por inconducta grave. Estos son los puntos vitales que debemos controlar de la autoridad de aplicación; lo demás es pour la galerie o para adornar y convencer a los que se convencen con poco.
Creemos que el consejo es una muy buena estructura pensada por quienes trabajaron el proyecto, pero entendemos que hay cuestiones que lo debilitan. Nosotros queremos fortalecerlo, porque no es un ámbito menor, ya que hay representación de las provincias, de las organizaciones no gubernamentales y de las asociaciones sindicales; me parece que es el ámbito del pluralismo.
Por eso bajo ningún punto de vista la duración debe ser de dos años, ya que ello debilita a este consejo integrado por treinta y pico de personas, quienes cuando apenas llegan a conocerse ya deberían hacer la fiesta de despedida. Por eso hablamos de cinco años y de que no se requieran mayorías especiales para su funcionamiento, ya que sabemos cuáles son las técnicas para que no funcionen los cuerpos colegiados.
También señalamos que es innecesario plantear que la participación sea ad honorem, porque ya sabemos quiénes llegarán a Buenos Aires y quiénes se quedarán en el camino, como de costumbre. Recuerdo que en mis épocas de ministra, los intendentes municipales hacían colectas para alquilarse los peores colectivos de sus pueblos y venir a la Capital.
En nuestro proyecto sostenemos una línea de acción que algunos reprobaron, pero que yo voté ampliamente convencida, con respecto al ingreso de los capitales extranjeros. Creemos que debemos seguir sosteniendo esa línea de acción a fin de que las empresas de comunicaciones sean, al menos, vecinas de este país, aunque no muy cercanas.
En nuestro proyecto modificamos las sanciones, porque creemos que hay arbitrariedad cuando se dice que es lo mismo un apercibimiento que una caducidad. Es peligroso que en el mismo rango de acción encontremos el apercibimiento y la caducidad de la licencia.
En nuestro proyecto eliminamos la discrecionalidad del Poder Ejecutivo en los casos de más de cincuenta kilómetros, lo que alguien planteó ayer en la propia comisión.
También en nuestro proyecto sostenemos la posibilidad de la formación de redes para el interior, los privados y el Estado, porque no creemos que deba haber una diferencia entre ellos. Por el contrario, si el Estado va a estar presente en el interior y van a existir las redes, también deben participar los privados.
En nuestro proyecto señalamos que el término ONG no está legislado. Entonces, queremos que participen las organizaciones que acrediten funcionar adecuadamente, porque todos sabemos –no nos hagamos los distraídos que hay organizaciones que se generaron en orden a la conveniencia circunstancial de algún puntero político. Entonces, en nuestro proyecto decimos que esto tiene que estar claramente definido.
En la iniciativa también planteamos que bajo ningún punto de vista, en conocimiento de una norma anticonstitucional, podemos permitir su incorporación al proyecto por la desidia de los gobernantes. Si los actuales concesionarios de los servicios de comunicación han formado posiciones dominantes o se han constituido en monopolios es por absoluta responsabilidad de los poderes ejecutivos de turno. Que nadie se haga el distraído, porque hay responsables por acción o por omisión.
Ahora es muy fácil venir al Congreso a pedirle a los diputados que le pongan coto a esas normas que se firmaron alegremente –vaya saber por qué con un artículo que vulnera nuestra propia Constitución. Digo esto porque el artículo 152 es inconstitucional.
Señor presidente: antes de finalizar no quería dejar de señalar, dado que algunos hablaron del “combo venezolano”, que el amigo Chávez no redactó un artículo 152; el amigo Chávez se ajustó a derecho, porque recién cuando las licencias caducaron redactó su ley de comunicaciones”.
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